En el marco del caso Marset, se explicó que para la justicia de Estados Unidos el delito principal es la conspiración para el lavado de activos, lo cual resulta clave para determinar su competencia en la investigación. Este tipo de figura penal permite a las autoridades estadounidenses intervenir cuando existen indicios de operaciones financieras vinculadas a estructuras criminales de alcance internacional.
Asimismo, se señaló que la tipificación de este delito amplía el margen de acción de la justicia, al no limitarse únicamente a hechos concretos, sino también a la coordinación y planificación de actividades ilícitas, lo que facilita el seguimiento de redes complejas y la identificación de los distintos actores involucrados.
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