En medio del debate público generado por la muerte de Sebastián Vespa, joven universitario que perdió la vida tras ser atropellado por un micro, se remarcó que la prisión preventiva no constituye una solución real al problema de los accidentes de tránsito. En ese contexto, se sostuvo que, si bien corresponde la aplicación de una sanción penal cuando existen responsabilidades establecidas, la utilización de esta medida extrema no ataca las causas de fondo que provocan este tipo de hechos.
Asimismo, se señaló que la discusión debe centrarse en la prevención, el control y la mejora del sistema de tránsito, así como en la fiscalización efectiva del transporte público y el cumplimiento de las normas vigentes, como mecanismos verdaderamente orientados a reducir la siniestralidad vial. Desde esta perspectiva, se advirtió que recurrir únicamente a la detención preventiva puede generar una respuesta inmediata ante la opinión pública, pero no resuelve los problemas estructurales que continúan poniendo en riesgo la vida de peatones y conductores.

